Valle, Antioquia, Bogotá, Meta, Santander, Boyacá, Quindío, Caldas y Risaralda tienen el mejor promedio de servicio.
Mientras que una parte de Colombia recibe un servicio de energía con estándares que se acercan al de muchos estados de la Unión Europea, en la “otra Colombia” la suspensión y el tiempo de duración se asemeja a los países del África.

En las costas colombianas se reportan los peores servicios eléctricos del país. En los siete departamentos de la costa Caribe se recibe una de las más malas atenciones en el suministro de energía. Electricaribe reporta interrupciones anuales por cerca de 96 horas. Bajar ese deshonroso promedio se logra con un plan de inversiones por varios años y eso sólo podrá ocurrir cuando llegue el nuevo operador, que se comprometa con esas inversiones que no hicieron los españoles.
Valle, Antioquia, Bogotá, Meta, Santander, Boyacá, Quindío, Caldas y Risaralda tienen un buen servicio de energía, que se acerca mucho al promedio de interrupciones en varios países de la Unión Europea.

Por su parte, en Nariño (Cedenar) y en Chocó (Empresa Distribuidora del Pacífico-Dispac) se registran 75 horas de interrupciones anuales; en Cundinamarca, 73 horas, y en el Tolima (Enertolima), 70. El promedio de interrupciones para este grupo de departamentos es de 75 horas sin electricidad por año. La primera región tiene un buen promedio en el suministro, con 14 horas anuales de interrupciones. “Ahí está la gran desigualdad energética que existe en Colombia en materia de distribución del servicio”, explicó el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza. Entre 2010 y 2016 se ha visto una desmejora en la prestación del servicio de algunas empresas. Electricaribe tenía, en 2010, unas 27 horas anuales de interrupciones, de acuerdo con un informe revelado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). En seis años pasó de 27 horas de interrupciones a 96. Cedenar, en Nariño, tenía 23 horas, en 2010, y pasó a 75 y Enertolima tenía 9 horas, en 2010, y seis años después llegó a 70 horas.
Hay compañías que prestan el peor servicio y a la vez cobran las tarifas más caras: Cedenar, Enertolima y Electrocaquetá. Los analistas del sector consideran que una buena parte de la solución tiene que ver con mejor supervisión de los distribuidores de energía. “Tenemos que refinar los métodos para medir la calidad del servicio de energía. Esas mediciones pueden tener un impacto sobre la tarifa final que paga el usuario”, dijo el titular de la entidad de supervisión del sector de los servicios públicos.
Capacidad sancionatoria
La Superintendencia de Servicios Públicos ha comenzado a afilar los dientes que le dio la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Una primera decisión fue ampliar la potestad sancionatoria hasta 100.000 salarios mínimos, que se ha convertido en un instrumento disuasorio de peso, para evitar que se cometan irregularidades.
Estas facultades han permitido el fortalecimiento institucional de la entidad de control de las empresas del sector de los servicios públicos. La Superintendencia desarrolla un proyecto que le permitirá medir la capacidad financiera de compañías generadoras cuando se avecinen escenarios críticos. Esto, para evitar que se repitan actuaciones como las presentadas con el fenómeno de El Niño que tuvo al país al borde de un apagón. La idea es replicar la actuación de la Superintendencia Financiera en el sistema financiero, que está muy atenta al comportamiento de los bancos para afrontar épocas de crisis. Con este procedimiento se podrá determinar qué empresas no están listas ante nuevos periodos de sequías.

“Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra capacidad de supervisión, con tecnología de punta”, dijo el superintendente de Servicios Públicos. La entidad de control trabaja en un esquema que le permita medir la capacidad financiera de los generadores durante época de crisis. Eso es lo más prudente y seguro para que un país se asegure de que no haya problema de racionamiento o desabastecimiento en el futuro.
Nuevas propuestas
El pasado viernes se aprobó el proyecto de generación con energía 100 % limpia, que beneficiará a 77 familias que viven en la isla de Santa Catalina. “La transformación energética de Santa Catalina es parte del programa integral a favor del archipiélago que, en términos energéticos, busca incorporar medidas de eficiencia energética en los equipos de uso final, aprovechar los recursos renovables disponibles, como las energías solar y eólica, e integrar nuevas tecnologías como medidores avanzados, que permitirán hacer un monitoreo permanente y una mejor gestión de los consumos y del sistema en general, para asegurar un suministro confiable, seguro y más limpio de la energía”, dijo Rutty Paola Ortiz, la viceministra de Energía.
Lo que allí se hará es que se instalarán 600 paneles solares fotovoltaicos para generar 20.000 KWh/mes, de tal forma que cubrirán la totalidad de la demanda de la isla e “incorporará un sistema de baterías para entregar energía limpia las 24 horas del día. Además, se generarán 8.000 KWh de excedentes, que se inyectarán a la red de Providencia”, detalló el Ministerio de Minas.